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La Audiencia Nacional ordena la captura de los militares de EEUU implicados en la muerte de Couso
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19-10-2005 - CADENA SER
La Audiencia Nacional ordena la captura de los militares de EEUU implicados en la muerte de Couso
El juez les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato
El Pentágono afirma que ha cooperado con España para esclarecer la muerte de Couso, según El Mundo. (AFP/HO)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la detención internacional de los tres militares estadounidenses presuntamente responsables del ataque al Hotel Palestina perpetrado en Bagdad el 8 de abril de 2003, en el que murió el cámara de Telecinco José Couso y otro periodista de la agencia Reuters. Se trata del sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip De Camp, contra quienes ha librado orden de busca, captura y detención a efectos de extradición. El juez les imputa un delito contra la comunidad internacional y otro de asesinato.
En un auto notificado hoy, el magistrado explica que esta medida es "la única efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación" de los Estados Unidos, que no han contestado a las comisiones rogatorias que les fueron cursadas.
Los reclamados son el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford, responsable de la unidad de blindados que disparó contra el hotel, y el teniente coronel Philip De Camp, al mando del regimiento al que pertenecían los carros de combate.
Javier Couso, hermano del cámara fallecido, subrayó hoy que su familia está muy feliz por la orden de la Audiencia Nacional, lo que, a su juicio, "la convierte en la vanguardia de las justicias". Por último, opinó que con todas las decisiones adoptadas por la justicia española en relación con su hermano José Couso, ésta "ha realizado una defensa de la dignidad nacional al investigar el asesinato de un ciudadano español y da un espaldarazo a los periodistas en las zonas de conflicto".
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| La Fiscalía recurrirá la orden de detener a los militares implicados en la muerte de José Couso |
| La orden internacional no es válida en EEUU y convenios bilaterales firmados por Bush con 50 Estados impiden también la extradición desde esos países - La familia del periodista fallecido urge al Gobierno a iniciar los trámites
EFE - RAQUEL QUÍLEZ - EL MUNDO - 19-10-2005
MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrirá mañana el auto en el que el juez de este tribunal Santiago Pedraz ordena la detención a efectos de extradición de tres militares estadounidenses imputados por la muerte en Bagdad del cámara de Telecinco José Couso. Pedirá que la resolución quede sin efecto.
Según informaron fuentes del ministerio público, que señalaron que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "está informado" de esta iniciativa, la Fiscalía alegará falta de jurisdicción, falta de competencia y falta de título extradicional para pedir la revocación del auto notificado hoy por Pedraz.
Dichas fuentes explicaron que el juez carece de competencia para investigar la muerte de un ciudadano español "producida en el ámbito de un conflicto bélico" y añadieron que no existe ningún delito de persecución internacional sobre el que sustentar la orden de detención.
Sobre la falta de título extradicional, señalaron que la resolución en la que se pide la entrega de los tres militares ha sido dictada sin que previamente se haya acordado la prisión o el procesamiento de los imputados, requisitos "imprescindibles" para solicitar su extradición.
Los reclamados son el sargento Thomas Gibson, de la Compañía A del Regimiento de Blindados número 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército norteamericano; el capitán Philip Wolford, que estaba al mando de la unidad de blindados de la Compañía A; y el teniente coronel Philip de Camp, responsable del Regimiento.
La orden de detención a efectos de extradición cursada por Pedraz será oficiada a la Unidad de Cooperación Policial Internacional (organismo integrado por los servicios policiales Interpol, Sirene y Europol), que librará órdenes de detención en el ámbito europeo e internacional contra los tres militares.
En su auto, el magistrado afirma que ésta es "la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".
La alegría de la familia
La iniciativa de la Fiscalía truncaría la satisfación mostrada hoy por los familiares de Couso, alcanzado por un proyectil, el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina de Bagdad. Nada más conocer la decisión del juez Pedraz, han convocado una rueda de prensa en Madrid a la que han asistido María Isabel Permuy, madre del periodista fallecido, Javier y David, hermanos de José, y Pilar Hermoso, la abogada de la familia.
En un ambiente acogedor y delante de los compañeros de profesión de su hermano fallecido, Javier Couso ha recordado cómo durante la etapa en que gobernaba el PP su familia se sintió muy "desamparada". En cambio, el PSOE ha atendido hasta el momento "el 90% de sus reclamaciones", afirma. No obstante, ha urgido al Ejecutivo a que "inicie cuanto antes" los trámites para solicitar la extradición de los tres militares estadounidenses.
La letrada Pilar Hermoso ha afirmado que estamos "ante un posible delito contra la comunidad internacional y una violación de la Convención de Ginebra". Además, ha recordado que EEUU no extradita a sus nacionales e incluso tiene convenio con algunos países para gozar de inmunidad, por lo que los militares no podrán ser detenidos mientras no abandonen el territorio estadounidense.
Hermoso también expresó sus dudas sobre si la detención podría producirse en el caso de que cruzaran la frontera no como ciudadanos individuales sino formando parte de un contingente militar destinado a un país extranjero. Sin embargo, ha recordado que es una orden de obligado cumplimiento para el resto de países.
La postura de EEUU
Desde EEUU, el Departamento de Estado ya ha señalado que el Pentágono desarrolló una investigación sobre la muerte del periodista y que no halló culpables a los soldados implicados en el ataque contra el hotel Palestina. Señalan que no han recibido ninguna "notificación oficial" de la orden de busca y captura.
La administración del presidente de EEUU, George W. Bush, se ha opuesto tajantemente a que militares estadounidenses sean enjuiciados en cortes extranjeras, aparte de lo estipulado por los acuerdos del estatus de las fuerzas, firmados con Colombia, Alemania o Japón, por ejemplo.
Por ello, EEUU ha puesto en marcha una estrategia de oposición a la Corte Penal Internacional (CPI) y ha sancionado a una treintena de países con la suspensión de la ayuda militar para obligarles a que firmen los llamados acuerdos del Artículo 98, por los que esas naciones se comprometen a no extraditar a estadounidenses a la CPI.
La CPI juzga crímenes de guerra, contra la humanidad y por genocidio, pero EEUU alega que los juicios en ese tribunal podrían tener motivaciones políticas. |
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| RECURRE EL AUTO PORQUE LA QUERELLA NO ESTÁ ADMITIDA A TRÁMITE
La Fiscalía califica de “represalia” la orden de busca y captura del juez Pedraz contra los militares de EEUU
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira presentó este jueves un recurso de reforma contra la decisión del juez Santiago Pedraz de dictar una orden de busca y captura contra los tres militares estadounidenses presuntamente responsables del ataque al hotel Palestina, en Bagdad, en el que murió el cámara español José Couso. El fiscal afirma que la querella no está ni siquiera admitida a trámite. Rubira cree que la iniciativa del juez es "más una represalia que una consecuencia lógico-jurídica".
L D (Europa Press) Según el fiscal, él reiteró constantemente ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 que debía haber un pronunciamiento previo sobre la querella, en el que se admitiera o se rechazara, e, incluso, recurrió la negativa a hacerlo, recogida en un auto del 23 de febrero de 2004. El representante del Ministerio Público afirma que la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al Juzgado el 19 de noviembre de ese año que se pronunciara sobre si admitía a trámite o no la querella y todavía no lo ha hecho. No obstante, los medios de comunicación informaron el 17 de octubre de 2003 que el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, había admitido a trámite la querella presentada por la familia de Couso, contando con el informe a favor del fiscal de la Audiencia Ignacio Gordillo.
En cambio, fuentes próximas al Juzgado central de Instrucción número 1 explicaron que la querella no está formalmente admitida a trámite, porque las diligencias necesarias para determinar si la querella debía admitirse o no incluían precisamente los informes y documentos solicitados el 20 de abril de 2004 por el juez Baltasar Garzón, petición reiterada el 1 de octubre de ese año por Fernando Grande-Marlaska, cuando estuvo al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1.
Los requerimientos a Estados Unidos, tramitados a través del Ministerio de Justicia, se reprodujeron el pasado 31 de mayo por Santiago Pedraz, poco después de tomar posesión del Juzgado. Además, también se pedía a Estados Unidos interrogar a los tres militares presuntamente implicados en el ataque en el que murió el periodista español, el 8 de abril de 2003. El pasado 2 de junio, el departamento de Cooperación Jurídica de Justicia respondió a Pedraz que no había obtenido respuesta a ninguno de los requerimientos a Estados Unidos, y el día 13 de ese mismo mes dio traslado a las partes para que informaran al respecto. El fiscal, que tampoco asistió a la toma de declaración de los periodistas que declararon como testigos en octubre de 2003, no respondió. El pasado día 6, Pedraz envió un nuevo oficio urgente a Justicia para insistir en el cumplimiento de las dos comisiones cursadas.
Una "represalia" del juez
Precisamente en el recurso de reforma presentado por el fiscal (que resolverá el propio juez) se afirma con dureza que la resolución de Pedraz se convierte "más en una represalia que en una consecuencia lógico-jurídica", al estar motivada por la ausencia de respuesta a las dos comisiones rogatorias cursadas. El fiscal también argumenta que "carece de todo fundamento" que el juez libre una orden internacional de detención a efectos de extradición contra los tres militares, cuando no están imputados, porque no ha sido admitida a trámite la querella presentada contra ellos. Además, anteriormente no se dictó un auto motivado de prisión contra ellos, tal y como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente porque no existe imputación previa.
No obstante, fuentes de la Audiencia Nacional insistieron en que, aunque habitualmente, las querellas son admitidas a trámite antes de empezar a practicar diligencias, la de Couso puede ser admitida en cualquier momento, con lo que se evitaría el principal argumento de la Fiscalía para oponerse a la decisión del juez Pedraz.
En cualquier caso, Rubira asegura que si se hubiera admitido a trámite la querella, "los tribunales españoles carecen de jurisdicción para conocer de la muerte -en el curso de un conflicto militar y por disparos de militares norteamericanos- de un ciudadano español y de otra persona, de nacionalidad no española", por lo que el juez Pedraz carecería de competencia para ordenar la detención a efectos de extradición de los soldados estaudonidenses. El fiscal niega la competencia porque el hecho se produjo fuera de España, el autor de los hechos no es español, ni se atentó contra intereses básicos del Estado español, ni son delitos de genocidio, terrorismo o cualquiera de los contemplados en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como de persecución universal.
Falta de competencia
No obstante, otras fuentes indicaron que el delito contra la comunidad internacional que se imputa a los militares contra los que se dirigía la querella inicial (junto al de asesinato) podría estar incluido en los de lesa humanidad, cuya persecución universal prevé el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El fiscal pide en su recurso que se anule la orden dictada por Pedraz y que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional es competente o no para investigar el ataque contra el hotel Palestina.
"Vista la trascendencia de lo resuelto en cuanto a las relaciones de cooperación jurídica bilateral con los Estados Unidos y en cuanto al derecho de defensa de las personas cuya detención se ordena", el fiscal pide que el recurso paralice la orden de busca y captura a efectos de extradición librada por Pedraz. En este sentido, Rubira explica que el Tratado de extradición firmado con Estados Unidos exige "que aún en casos de urgencia se solicite la detención preventiva por vía diplomática o por vía directa, lo que requiere la presentación ante el Estado requerido de una nota verbal en el primer caso o una comunicación entre los Ministerios de Justicia en el segundo supuesto, aun cuando para la transmisión de la solicitud puedan utilizarse los servicios de Interpol". |
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